Fuente PRNoticias.es / El nuevo proyecto de Ley de financiación de RTVE ha sido aprobado por el Congreso. Por la misma se estipula que la publicidad en el ente público desaparecerá el 1 de enero de 2010, como ya se venía anunciando. La Ley ha sufrido algunos cambios significativos, como que los operadores de telecomunicaciones nunca pagarán más del 25% del presupuesto de RTVE y las televisiones en abierto no abonarán más del 20%.

Se han puesto límites a la contribución a los presupuestos de RTVE, pero no se ha aceptado no obstante la enmienda presentada por el PP por la cual se pedía una reducción del aporte de las privadas (del 3% al 2% en las televisiones en abierto y del 1,5% al 1% en las de pago) y la eliminación de la tasa del 0,9% a las teleco. Estas últimas han manifestado desde un principio que son las grandes perjudicadas de esta Ley, ya que no sacan ningún beneficio de que la pública no tenga publicidad. Incluso han llegado a amenazar con una subida de las tarifas a sus clientes.

La Asociación Española de Anunciantes también ha enviado varios comunicados quejándose del perjuicio que suponía para ellos la eliminación de la publicidad en la pública, perdiendo la visibilidad de sus campañas con la consiguiente caída de las ventas de las empresas en un momento de crisis económica en el que precisamente hay que incentivar el consumo, según la AEA. Además, se han quejado, al igual que las teleco, de que no recoge las recomendaciones del Consejo de Estado ni de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

Pero la Comisión Constitucional ha dado luz verde al proyecto, que, previsiblemente, se debatirá en el Senado los próximos 26 ó 27 de julio. La Ley de financiación del ente público será una realidad muy pronto, gracias a que se tramitó con carácter de urgencia y pese a las enmienda a la totalidad presentada por UPyD.

Previamente a esta reunión de la Comisión Constitucional del Congreso los grupos parlamentarios de PSOE, PP y CIU acordaron introducir varias modificaciones al texto remitido por el Gobierno. Una de ellas era la posibilidad de una prórroga, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de las tasas para las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones en función de su situación económico financiera.